La juez de distrito de EE.UU. Yvonne González Rogers sugirió que los propietarios de Tesla recurrieran al arbitraje individual en virtud de la ley de competencia desleal de California y otras estipulaciones en lugar de la demanda colectiva propuesta en el pleito sobre la autonomía de las baterías contra el fabricante de automóviles. Mencionó que podría dictar una orden judicial contra Tesla si las alegaciones se persiguen por esta vía. Según un abogado de los demandantes, el intento de Tesla de desestimar la demanda colectiva es un movimiento estratégico para eludir la responsabilidad colectiva por sus supuestas prácticas engañosas.
La demanda se interpuso contra el fabricante de vehículos eléctricos, acusándole de seducir falsamente a los clientes con afirmaciones exageradas sobre la distancia que pueden recorrer sus coches y todoterrenos con una sola carga. Los demandantes sostenían que Tesla había exagerado considerablemente la autonomía de sus vehículos eléctricos para impulsar las ventas, explotando la creencia de los clientes de que se trataría de una característica sustancial.
En respuesta a las acusaciones, Tesla las desestimó por carecer de fundamento. Sin embargo, un informe de investigación de Reuters descubrió que Tesla había formado un equipo dedicado a cancelar las citas de los clientes relacionadas con las evaluaciones de la autonomía de las baterías, alegando que se había ordenado a los empleados que disuadieran a los clientes que se quejaban de la escasa autonomía de sus vehículos.
El informe también descubrió que los algoritmos de Tesla dan estimaciones erróneas de la autonomía hasta que la carga de la batería cae por debajo del 50%, momento en el que se proporcionan lecturas más precisas.